#Política | ️🗣️🎙️ En su escrito de denuncia, el legislador presenta una serie de hechos y pruebas para “iniciar el procedimiento de Juicio Político por actos y omisiones que redundan
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las funciones que tiene encomendadas el titular del Ejecutivo estatal”.
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Morelia, Michoacán a 4 de agosto de 2021.- Las actividades que viene realizando el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, violentan la Constitución del Estado, por lo que existen elementos suficientes para que proceda el juicio político que se ha solicitado en el Congreso de Michoacán, sostuvo el diputado local, Alfredo Flores Vargas, quien presentó esta solicitud.
Al ratificar este martes la solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal ante dicha instancia legislativa, Flores Vargas aseguró que su queja se encuentra debidamente fundamentada para que proceda conforme a la ley.
Las giras que ha realizado el Gobernador por el extranjero y a la Ciudad de México con el propósito de desacreditar la pasada elección utilizando recursos públicos, violentan diversas disposiciones legales, denunció el legislador de Morena.
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En su escrito de denuncia, el legislador presenta una serie de hechos y pruebas para “iniciar el procedimiento de Juicio Político por actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las funciones que tiene encomendadas el titular del Ejecutivo estatal”.
Expuso que en tales periplos Silvano Aureoles lleva a cabo actividades de clara
injerencia en el proceso electoral en curso, a favor del candidato perdedor, Carlos
Herrera Tello, atentando en contra de las instituciones democráticas del País y de
Michoacán.
En su escrito de denuncia, el legislador presenta una serie de hechos y pruebas
para “iniciar el procedimiento de Juicio Político por actos y omisiones que redundan
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las
funciones que tiene encomendadas el titular del Ejecutivo estatal”.
De esta forma, puntualizó, el actual gobernador podría ser sancionado en el juicio
político con la suspensión, destitución e inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público estatal
o municipal.
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