Redacción EP Noticias; MORELIA, Mich., a 23 de septiembre de 2018.- A unos días de cumplirse dos años y cuatro meses de que 14 municipios recibieran la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), en Michoacán han sido asesinadas 528 mujeres, sin embargo solo 92 han sido tipificados como feminicidios y el gran grueso están pendientes por resolver.
Luego de la solicitud de la organización civil Humanas Sin Violencia, se conoció que en ese año habían sido asesinadas 138 mujeres, de las cuales resultó como feminicidio un 20 por ciento, es decir un equivalente a 27.6, quedando más de cien casos. El año en que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió la alerta no fue distinto. La diferencia fue de cuatro homicidios menos. Cifra que luego no pudo reducirse, ya que en 2017 se incrementó a 144, mientras que en este 2018 ya son 112 los casos. Al comienzo las autoridades responsables de coordinar la Alerta argumentaban la falta de recursos para operar una verdadera campaña mediática y ejecutar una política pública, que pudiera prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer; garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solis, solicito a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONANIM), una cantidad por el rubro de los 31 millones de pesos, sin embargo no sólo no lograron acceder a esta cifra, sino que la cantidad otorgada por la CONAVIM apenas fue de 2.5 millones, misma que se tuvo que dividir entre las instituciones de procuración de justicia y prevención. Así, la tarea de implementar una política que pudiera concientizar a funcionarios públicos ciudadanos y penetrar las estructura más básica de la sociedad: La familia, estaba en la cancha del Congreso Local y los 14 cabildos. Pero ninguna de estas instituciones tuvieron la voluntad política para destinar fondos para atacar este problema.
Desde la tribuna del Congreso Local, Brenda Fraga y Socorro de la Luz Quintana diputadas del Partido de la Revolución Institucional (PRI), y Partido del Trabajo (PT), expusieron sus argumentos para que se destinarán fondos, sin embargo sus voces no fueron escuchadas y la propuesta no fue aprobada. La situación no fue diversa en los cabildos de las 14 ayuntamientos con Alerta de Violencia de Género y no sólo no destinaron fondos, sino que pretendieron disfrazar sus tareas habituales con presuntas acciones para atacar la violencia de género.
En el informe presentado a la Conavim en 2016, se colocaron los trabajos de servicios públicos, que se ejecutan en todos los ayuntamientos con y sin declaratoria, como instalación y mantenimiento de alumbrado público y pavimentación de calles, como parte de las acciones para mantener seguras a las mujeres. En el primer informe del 2016 el ayuntamiento de Uruapan reportó que había gastado cerca de 5 millones de pesos en 32 obras completas de electrificación, en colonias y zonas Rurales del municipio. Informes que rindió en el mismo sentido el resto de los municipios con la Alerta. Pero que no repitieron durante el 2017 y tampoco en lo que va del 2018, ya que no han entregado una evaluación sobre las acciones concretas emprendidas para acabar con este fenómeno. Por su parte Gobierno del Estado ha ido modificando la aplicación de políticas públicas, de tal modo que están llevando acciones contundentes y positivas, que verdaderamente tengan un impacto en la población, para acabar con la violencia contra la mujer. Y es que si bien en un inicio integraron a su informe la realización de operativos preventivos como parte de las tareas que implicaba la AVG, trabajo que de todas maneras forma parte de la estrategia de seguridad que forma parte de las tareas obligatorias del estado, corrigió camino a lanzar campañas masivas mediáticas en toda la entidad, se colocaron miles de spots en radio y televisión y espectaculares en los municipios de mayor concentración poblacional, o en su defecto con mayores índices de violencia contra las mujeres. También se subió a la plataforma de Google Play la aplicación Mujer Segura, aplicación que si bien es sencilla de usar ha logrado poco eco entre las mujeres, ya que apenas mil usuarias la han descargado. Entre las instituciones que mayor impacto tuvo es la Secretaría de Educación en el Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Poder Judicial. Instituciones que desde que se hizo la declaratoria han desplegado contingencias para levantar las denuncias como con la Atención del Ministerio Público Itinerante, con Módulos de Atención Inmediata Mujeres en Situación de Riesgo y Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Género. Entre los proyectos que tomaron forma fue la implementación de cursos de equidad de género y prevención de la violencia desde nivel preescolar hasta medio superior, la elaboración de un manual para incorporar la perspectiva de género en los libros de texto gratuito, talleres que impactaron solo en el 2016 en casi 4 mil alumnos. Pero que del 2017, y lo que va del año es hora que no existe un informe que reúna las acciones de todas y cada una de las instituciones del Gobierno del Estado y los Municipios. Sólo se conoce un breve informe de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres, en el que se advierte que se reformó el reglamento de la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en el que se incorporó dentro del subsistema de acciones temporales una Comisión de Seguimiento al Cumplimiento del Programa para atender la Alerta de Violencia de Género. Además, para el refugio temporal Eréndira de atención a las mujeres en situación de riesgo, se ha logrado obtener un presupuesto anual de 2 millones de pesos para asistir al mismo tiempo a 15 mujeres con sus hijos e hijas. Asimismo, la Secretaría de la Mujer combinó un proyecto de colaboración con abogadas feministas de renombre nacional, para que revisen 32 casos de mujeres privadas de la libertad en el centro de reinserción social de Mil Cumbres, a quiénes se sospecha no fueron juzgadas con perspectiva de género. Pero cuyo proceso no ha concluido.
