• Redacción

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* Cuestionan la responsabilidad de los ex funcionarios para impulsar al Cártel de Sinaloa.


MÉXICO.— La vicepresidenta de la Cámara de Diputados federal, Dolores Padierna, aseguró que el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, habría no sólo protegido, sino también armado al Cártel de Sinaloa, mientras que durante el gobierno del ex presidente de México, Felipe Calderón, se permitió el tráfico de armas a México con operativos como “Receptor Abierto” y “Rápidos y Furiosos”.



“Valdría la pena preguntar si en efecto el ex secretario de Seguridad Pública a nivel nacional no fungía como un “doble agente” interviniendo en ambos lados de la frontera para ambos lados del frente de guerra, es decir, operando por un lado para coordinar las acciones de seguridad binacionales y por el otro, protegiendo, armando y encubriendo las acciones del que fue en su momento el Cártel más grande del mundo”, dijo la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Dadas las acusaciones contra Genaro García Luna, cabría preguntarnos si esa desorganización fue voluntaria o involuntaria, es decir, si se permitió la libre distribución de las armas para favorecer a un grupo criminal en particular o si simplemente se debió al endémico problema de la corrupción nacional”, expuso Padierna, quien enfatizó que el exservidor público podría ser acusado por el operativo implementado en este año.

Recordó que la Oficina de Estados Unidos para el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la operación “Rápido y Furioso” no prosperó debido a la mala organización de las autoridades mexicanas.


Por otro lado, el operativo denominado “Receptor Abierto” (Wilde Reciver) fue realizado entre 2006 y 2007–en el gobierno de Felipe Calderón– y permitió la entrada ilegal de armas a México. Lo anterior bajo el gobierno de George W. Bush y el Departamento de Justicia que estaba a cargo del procurador general Alberto Gonzales.


Receptor Abierto fue realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, y de acuerdo con documentos obtenidos por Los Ángeles Times, era conocido por altos funcionarios del Departamento de Justicia.

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