150 mil 992 ejecutados: la herencia de Peña (Reportaje del semanario ‘Zeta’)


EPN superó la cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. Para los expertos, el fracaso del priista en la materia se suma a la falta de combate y complicidad con el narcotráfico de los gobiernos locales.


 

Por Isaí T. Lara Bermúdez/ Semanario Zeta

Sin contar los últimos 30 días de la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) superó el número de ejecutados que se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico y comenzó con las históricas cifras de asesinatos violentos.

Del primero de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de octubre de 2018 -a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.

Prácticamente año tras año los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración que termina. Tan sólo en 2017 (2018 no ha concluido) la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años con 32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos.

Académicos y expertos en el tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Peña Nieto en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar que se capturó a líderes del narcotráfico, por ejemplo a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país.

Asimismo, conforme fue avanzando la administración federal, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados, y con ello los niveles de violencia fueron aumentando.

Este es el total de homicidios por entidades de la República, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de concluir el sexenio priista: 

TOTAL   150 mil 992México17,269Guerrero13,994Chihuahua11,506Guanajuato8,797Jalisco8,749BC8,277Sinaloa7,467Veracruz7,335Michoacán7,332CDMX7,136Tamaulipas5,542Oaxaca5,208Puebla4,700Nuevo León4,047Sonora4,044Morelos3,548Chiapas3,205Zacatecas2,877Colima2,705Coahuila2,417San Luis Potosí2,216Tabasco2,215Quintana Roo1,730Durango1,643Nayarit1,556BCS1,488Hidalgo1,369Querétaro888Tlaxcala613Campeche458Aguascalientes340Yucatán321


PEÑA SUPERÓ A CALDERÓN

En diciembre de 2012, ya en funciones el gobierno peñista, se registraron mil 999 ejecutados; en 2013 se documentaron 23 mil 063; en 2014 hubo un pequeño descenso a 20 mil 010, cifra muy similar a la de 2015 (20 mil 762). En 2016 las víctimas de homicidio se elevaron a 24 mil 559, y en 2017, el récord fue de 32 mil 079, cantidades documentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su registro de Mortalidad en Defunciones por Homicidios.


De acuerdo a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, con corte del primero de enero al 31 de octubre, durante 2018 se han registrado oficialmente 28 mil 520 homicidios dolosos.


La suma de los 150 mil 992 ejecutados en el sexenio de Peña hasta octubre de 2018.

En cuanto a los homicidios, Peña Nieto superó el número registrado durante la administración del panista Felipe Calderón, quien desplegó a las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y dejó un saldo de 121 mil 35 muertes violentas.

Con la cifra de homicidios preliminar en el sexenio a punto de concluir, EPN tendrá más de 29 mil 957 ejecuciones en comparación al periodo de su antecesor.



ESTADOS, OMISOS Y CÓMPLICES

Otro de los elementos que deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad, son los gobiernos locales.


Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano menciona el caso de Baja California, que este año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Guanajuato.


“No hay instituciones locales para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, destacó.

Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes, respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018.

Así se distribuyen los 25 mil 520 ejecutados del primero de enero al 31 de octubre de 2018, precisamente el último año de Peña como Presidente de la República:  

Guanajuato 2,759

BC 2,588

México 2,241

Guerrero 2,136

Jalisco 1,972

Chihuahua 1,901

Veracruz 1,477

Michoacán 1,376

CDMX 1,144

Puebla 1,086

Oaxaca 1,016

Sinaloa 971

Tamaulipas 951

Sonora 738

Morelos 652

Quintana Roo 641

Nuevo León 636

Colima 605

Zacatecas 565

Chiapas 532

SLP 484

Tabasco 466

Nayarit 373

Hidalgo 208

Coahuila 206

BCS 177

Querétaro 162

Durango 153

Tlaxcala 124

Aguascalientes 70

Campeche 62

Yucatán 48


TRES FACTORES PARA ENTENDER LAS EJECUCIONES EN MÉXICO


Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), encuentra tres factores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que llevaron al aumento en la tasa de homicidios dolosos en el país.

El experto en el estudio de narcotráfico y crimen organizado, analiza que el primero de estos elementos fue la estrategia del Gobierno de la República por centrar su combate al crimen en la captura de objetivos prioritarios.


“Tenían una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, plantea el historiador sinaloense.


De ahí, Froylán Enciso, quien fue consultor del International Crisis Group, identifica una segunda causa: el descabezamiento de organizaciones criminales y, por lo tanto, la fragmentación que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país.


“Las organizaciones se pelean internamente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”, señala.

Como una tercera explicación, el doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, habla de la diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso -que Los Zetas introdujeron hace casi veinte años-, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”.

Fue así como prosperó el CJNG, y agrega: “El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel Jalisco Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país”.

NO HAY QUE PENSAR EN UNA ESTRATEGIA NACIONAL

“Con organizaciones fragmentadas y mercados diversos, cada localidad tiene su mercado criminal propio”, explica Froylán Enciso

Por ejemplo, el aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del consumo de drogas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos.